Proponen nueva ley para regular la responsabilidad de profesionales de construcción y urbanización
La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial dictaminó a favor de crear una Ley Especial de Responsabilidad Profesional para las Personas Sujetas a Inscripción en el Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción, con el objetivo de establecer reglas y responsabilidades para quienes participan en el planeamiento, diseño, ejecución, supervisión, control y mantenimiento de obras y nuevas lotificaciones.
El Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción fue creado mediante la Ley de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), en 2024. Sin embargo, la nueva propuesta busca establecer responsabilidades específicas para los profesionales y prestadores de servicios que intervienen en las diferentes etapas de los proyectos.
Antes de emitir el dictamen, los parlamentarios escucharon la opinión técnica de la directora ejecutiva de la DOT, Paola Bardi, quien explicó que la iniciativa plantea una regulación integral para definir las responsabilidades profesionales y técnicas durante las distintas fases de los proyectos de urbanización, construcción y lotificaciones.
“El objetivo de la ley es que cada etapa de los proyectos cuente con respaldo profesional y técnico, además de establecer un sistema de control centralizado que permita elevar los estándares de calidad a nivel nacional”, aseguró Bardi.
La funcionaria explicó que la propuesta contempla organizar el registro en diferentes categorías, entre ellas las áreas ambiental, auditoría urbana, construcción, cultural y tramitadores.
El proyecto también busca avanzar en la modernización y digitalización de los procesos mediante herramientas destinadas a mejorar la transparencia y eficiencia. Para ello, plantea el uso obligatorio de la Firma Electrónica Certificada (FEC) y del Sello Electrónico Profesional para validar planos, memorias de cálculo, bitácoras y dictámenes técnicos.
Asimismo, se contempla una plataforma de consulta pública en línea para que cualquier persona pueda conocer el estado de los profesionales y prestadores de servicios inscritos. En esta plataforma se podrá verificar si un registro se encuentra activo, suspendido o cancelado, así como consultar el estado de los diferentes trámites.
La iniciativa establece además que la DOT desarrollará programas de formación continua relacionados con la actualización normativa y el uso del Sistema de Administración y Autorización de Permisos de Construcción y Lotificaciones. Estos programas serán un requisito para la renovación del registro profesional.
Bardi detalló a los legisladores que, seis meses después de que la ley entre en vigencia, todo nuevo trámite dentro del sistema de la DOT deberá ser ingresado obligatoriamente por un tramitador debidamente registrado.
El presidente de la Comisión de Infraestructura, Salvador Chacón, señaló que la propuesta busca establecer un nuevo orden en el sector, debido a que actualmente cualquier persona puede afirmar que está capacitada para realizar determinadas actividades.
Según el legislador, esta situación ha provocado casos de estafas y problemas relacionados con obras que presentan deficiencias, por lo que consideró necesario establecer una regulación para determinar quiénes pueden ejercer determinadas funciones y bajo qué responsabilidades.
Registro de Profesionales
El Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción será administrado por la DOT y estará organizado en las categorías ambiental, auditoría urbana, construcción, cultural y tramitadores.
Para registrarse como prestadores de servicios ambientales, los interesados deberán cumplir determinados requisitos. Por ejemplo, los especialistas en estudios de evaluación de impacto y diagnósticos ambientales deberán acreditar al menos 80 horas de formación en Evaluación de Impacto Ambiental o haber aprobado asignaturas relacionadas con esta área.
También deberán demostrar tres años de experiencia en su área profesional y dos años de experiencia en gestión ambiental.
En el caso de los auditores de evaluación ambiental, además de cumplir con los requisitos anteriores, deberán acreditar al menos tres estudios de impacto ambiental o diagnósticos ambientales aprobados.
Para los profesionales que presten servicios culturales también se establecen requisitos específicos de formación y experiencia. Los especialistas en investigaciones arqueológicas o paleontológicas, así como quienes se dediquen a la evaluación y restauración de patrimonio edificado, deberán contar con una maestría o doctorado en áreas relacionadas con la arqueología, paleontología o biología, además de demostrar cinco años de experiencia profesional.
La normativa también contempla la participación de profesionales extranjeros en proyectos de construcción en el país. Cuando sus servicios sean temporales o estén vinculados a una obra específica, podrán solicitar la homologación de registros similares obtenidos en el exterior.
Infracciones y multas
La propuesta de ley establece un régimen de infracciones clasificadas como leves, graves y muy graves.
Entre las infracciones graves se contempla ejercer con el registro vencido, trabajar fuera de la especialidad, incumplir normas técnicas o de seguridad y utilizar materiales que no cumplan con los estándares de calidad.
Las infracciones muy graves se aplicarán a quienes ejerzan sin registro o actúen con negligencia o impericia cuando estas conductas generen consecuencias graves.
Las multas estarán determinadas según la gravedad de la infracción. Para las faltas leves podrán alcanzar hasta un salario mínimo; para las graves, entre dos y tres salarios mínimos; mientras que las muy graves podrían ser sancionadas con multas de entre cuatro y 20 salarios mínimos.
Bardi ejemplificó que también serán consideradas faltas muy graves ejercer sin estar inscrito en el registro, presentar documentación falsa o alterada y causar daños o lesiones como consecuencia de negligencia profesional.
Estas últimas conductas podrían ser sancionadas con multas de entre US$1,635.20 y US$8,176.
