Familias de 30 lotificaciones en diferentes departamentos del país recibieron 157 escrituras de propiedad, como parte de las acciones para atender a personas que fueron afectadas por una presunta estafa vinculada con la Corporación Argoz.
La entrega de los documentos fue realizada por el Ministerio de Vivienda y representa, según las autoridades, una respuesta a una problemática que durante años dejó a numerosas familias sin certeza jurídica sobre los terrenos que adquirieron con esfuerzo.
De acuerdo con la información oficial, los beneficiarios habían acudido en el pasado a distintas instituciones del Estado en busca de una solución, pero no obtuvieron respuesta. Ahora, con las escrituras, cuentan con respaldo legal sobre sus propiedades.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, detalló que ya se ha avanzado en el proceso de regularización de los terrenos afectados por el caso de la Corporación Argoz.
“Estamos avanzando: llevamos el 62 % de lotes escriturados del caso de la Corporación Argoz, lo que equivale a 80 mil lotes liberados”, explicó la funcionaria.
Las familias beneficiadas esperaron más de 40 años para obtener sus documentos y, en algunos casos, llegaron a pagar sus inmuebles hasta tres veces. Ante esta situación, la ministra reafirmó el compromiso de continuar trabajando para brindar una solución integral a las personas afectadas.
Entre los beneficiarios se encuentra Kelly Yamileth Cruz, de la lotificación El Jabalí II, localizada en Nejapa, San Salvador Oeste, quien expresó su agradecimiento luego de recibir su escritura.
“Después de tanta espera, este Gobierno se preocupó por nuestra necesidad”, manifestó Cruz, al referirse al proceso que permitió finalmente obtener el documento que acredita legalmente su propiedad.
Para llevar adelante esta gestión, el Ministerio de Vivienda ha trabajado de manera articulada con la Fiscalía General de la República (FGR), institución que ha dado seguimiento a las investigaciones relacionadas con el caso.
La representante de la FGR, Mariela Castro, explicó que debido a la cantidad de víctimas y a la complejidad del caso, el proceso de investigación se ha desarrollado en distintas fases.
“La FGR, en su compromiso por defender a los afectados dio seguimiento a las investigaciones. Debido a la cantidad de víctimas y a la complejidad del caso, el proceso se ha llevado a cabo en distintas fases”, reiteró Castro.
Las autoridades aseguran que el trabajo continuará de manera ininterrumpida hasta brindar una respuesta al 100 % de las familias afectadas a escala nacional.
Con estas acciones, el Gobierno busca que las familias que adquirieron sus terrenos durante años de esfuerzo puedan contar con seguridad, tranquilidad y certeza jurídica sobre su patrimonio.
