El Salvador continúa fortaleciendo su compromiso ambiental internacional con la implementación del proyecto “Preparación del Plan de Implementación Kigali (KIP) para la reducción de HFC”, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y acompañado técnicamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta iniciativa forma parte de las acciones del país en cumplimiento de la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, la cual establece la reducción gradual de hidrofluorocarbonos (HFC) por su alto potencial de calentamiento global.
Desde la ratificación de la Enmienda en mayo de 2021, El Salvador ha redoblado sus esfuerzos para mitigar el cambio climático y proteger la capa de ozono. A pesar de que los HFC no dañan directamente la capa de ozono, su efecto sobre el calentamiento global es significativo, por lo que se han convertido en una prioridad ambiental. En este sentido, el país ha implementado mecanismos regulatorios progresivos, basados en la experiencia adquirida desde 1999 con la eliminación de sustancias agotadoras de la capa de ozono como los CFC y HCFC.
Entre 2014 y 2024, El Salvador logró reducir en un 60.1% su consumo de HCFC respecto a su línea base, según datos reportados por el MARN al Protocolo de Montreal. Estos avances han sido posibles gracias a un sistema riguroso de monitoreo que involucra a instituciones clave como la Dirección General de Aduanas y la Ventanilla Única de Importaciones, coordinadas por la Oficina de Protección del Ozono del MARN.
En julio de 2024, el Ejecutivo emitió el Decreto Presidencial No. 10 y el Decreto Ejecutivo No. 14, que fortalecen el marco legal para el control de los HFC. Este nuevo reglamento establece un límite máximo anual de importación de estas sustancias, introduce un sistema de cuotas basado en toneladas equivalentes de CO₂ y reserva un 5% de la cuota nacional para situaciones de emergencia. Las cuotas no utilizadas serán redireccionadas a iniciativas de mitigación climática.
La cooperación con el PNUD ha sido clave para fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en la gestión de sustancias químicas, así como para facilitar el acceso a tecnologías más limpias y financiamiento internacional. Esto ha permitido al país avanzar hacia una transición energética más sostenible y resiliente, alineada con sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).
Con estas acciones, El Salvador reafirma su liderazgo regional en la protección ambiental y el cumplimiento de compromisos multilaterales, contribuyendo a la salud de la población, la protección de los ecosistemas y la lucha global contra el cambio climático.
