La Corte de Cuentas de la República (CCR) de El Salvador 🇸🇻, bajo la dirección de su presidente Walter Salvador Sosa y los magistrados Julio Bendek y Rodrigo Flores, ha puesto en marcha la segunda edición de su Plan de Fiscalización del Uso de Vehículos Nacionales. Esta iniciativa, que se llevará a cabo del 1 al 6 de agosto, busca asegurar el uso adecuado de los recursos públicos, especialmente del parque vehicular estatal durante el próximo periodo vacacional.
La acción preventiva es un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, el Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil (PNC). Equipos de auditoría serán desplegados estratégicamente en las principales carreteras y vías de alta circulación del país para supervisar el cumplimiento de la normativa. El objetivo principal es prevenir el uso indebido de los vehículos del Estado.
Esta fiscalización sigue el modelo implementado exitosamente durante la Semana Santa, donde se logró fomentar una gestión más responsable. El presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, destacó que en la vacación anterior, el 91% de los vehículos fiscalizados cumplieron con la documentación requerida, mientras que solo un 9% presentó inconsistencias. Estos resultados, aunque positivos, impulsan a la CCR a fortalecer aún más los mecanismos de prevención de la corrupción.
Los auditores de la CCR llevarán a cabo diversas acciones. Supervisarán vehículos nacionales en puntos estratégicos, verificarán misiones oficiales para asegurar la debida autorización y comprobarán la finalidad de cada misión, incluyendo fecha, horario y funcionario asignado. Además, revisarán las placas y distintivos oficiales que identifican a la institución propietaria del vehículo.
La Corte de Cuentas también ha hecho un llamado a los titulares de instituciones públicas y municipalidades. Se les insta a garantizar el buen uso y resguardo de los vehículos oficiales y a abstenerse de autorizar su uso para fines personales durante este periodo vacacional, reforzando así el compromiso con la transparencia y el uso responsable de los bienes del Estado.
