TSE verifica que integrantes propuestos para las JRV no tengan afiliación partidaria
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició este viernes 13 de noviembre el procedimiento de verificación del requisito de no afiliación partidaria de las personas propuestas para integrar las Juntas Receptoras de Votos (JRV), como parte de las actividades establecidas en el calendario electoral para los comicios del 28 de febrero de 2027.
La magistrada presidenta del TSE, Roxana Soriano, explicó que el objetivo es comprobar que los ciudadanos propuestos por los partidos políticos cumplan con las condiciones legales para formar parte de estos organismos temporales. Entre los requisitos establecidos se encuentra no estar afiliado a ninguna organización política, según el artículo 101 del Código Electoral.
Soriano indicó que esta etapa da continuidad al trabajo desarrollado previamente para la conformación de las Juntas Electorales Departamentales (JED) y las Juntas Electorales Municipales (JEM). Además, destacó que la integración de estos organismos debe realizarse bajo principios de imparcialidad, transparencia y respeto al marco legal.
Sistema tecnológico permitirá comparar registros de afiliados
Para desarrollar la verificación, el TSE utilizará un sistema tecnológico que permitirá comparar los registros de afiliados de los partidos políticos con los datos de las personas propuestas para integrar las JRV.
Cada partido político entregará una memoria USB con la información de sus afiliados, incluidos sus números de Documento Único de Identidad (DUI). Los dispositivos tendrán características idénticas para impedir que puedan ser identificados según la organización política a la que pertenecen.
Antes de iniciar el procedimiento, los técnicos de los partidos inspeccionarán las computadoras que serán utilizadas. Los equipos funcionarán sin disco duro y ejecutarán el sistema operativo desde una memoria USB independiente, con el propósito de evitar que la información quede almacenada en los dispositivos.
El proceso comprende dos etapas. La primera consiste en una auditoría de los datos entregados por los partidos, durante la cual se revisará la autenticidad de los números de DUI, la cantidad de registros y una muestra de personas cuya afiliación partidaria es públicamente reconocida.
En caso de encontrar errores en la información, los partidos deberán realizar las correcciones correspondientes antes de continuar con la siguiente fase.
Resultados determinarán quiénes cumplen el requisito legal
Una vez finalizada la auditoría, las memorias USB serán depositadas en un recipiente transparente y mezcladas para evitar que pueda identificarse a qué partido pertenece cada una. Posteriormente, el sistema realizará la comparación entre los números de DUI de los afiliados y los de las personas propuestas para integrar las juntas receptoras de votos.
Cuando el sistema detecte una coincidencia entre los registros, significará que la persona propuesta tiene afiliación partidaria y, por tanto, no cumple con el requisito legal. Si no se encuentra ninguna coincidencia, se determinará que cumple con la condición de no afiliación.
Durante esta fase, la pantalla de la computadora será proyectada para que los asistentes puedan observar el procedimiento.
Al concluir la verificación, el sistema generará un archivo de texto con los números de DUI de las personas rechazadas, en caso de que existan coincidencias. Esta información será resguardada en una memoria USB bajo la responsabilidad de la Secretaría General del TSE.
Asimismo, los datos contenidos en las memorias utilizadas serán inutilizados y se comprobará que no quede información almacenada en las computadoras.
Finalmente, se imprimirá un acta que deberá ser firmada por los representantes de los partidos políticos, el fiscal electoral, las magistraturas y la Secretaría General del Tribunal. Los resultados serán comunicados posteriormente a cada organización política.
La magistrada presidenta reiteró que el TSE continuará desarrollando las actividades de preparación electoral con apego a la Constitución y las leyes de la República, para garantizar que cada etapa del proceso se realice bajo criterios de imparcialidad y transparencia, de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2027.
