Asamblea aprueba disolución de la UTE y traslado de sus funciones al Ministerio de Seguridad
La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, la Ley de Disolución de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y de Disolución y Liquidación de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE), entidades creadas en 1996.
La normativa establece que ambas instituciones serán disueltas y que el proceso de cierre y liquidación de la UTE deberá concluir, a más tardar, el 31 de diciembre de 2026.
Con la nueva disposición, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública asumirá las funciones que actualmente corresponden a ambas entidades, incluidas las relacionadas con la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos.
Para garantizar la continuidad del Programa de Protección de Víctimas y Testigos, el ministerio deberá incorporar en su presupuesto los recursos necesarios para administrar y financiar las medidas de atención, coordinar con otras instituciones y cumplir las obligaciones establecidas en la legislación.
El personal de la UTE que sea necesario para continuar con la ejecución del programa podrá ser trasladado al ministerio. Quienes no sean requeridos recibirán una indemnización equivalente a una remuneración mensual por cada año de servicio o por una fracción mayor de seis meses, calculada con base en su último salario nominal.
La indemnización tendrá un límite de hasta 24 remuneraciones para quienes perciban entre US$408.80 y US$900, y de hasta 12 remuneraciones para quienes tengan ingresos de US$901 en adelante. Los pagos deberán efectuarse durante los primeros tres meses de 2027, junto con los demás derechos laborales correspondientes.
Durante el proceso de transición, la Dirección General de la UTE continuará a cargo de su administración y representación legal para atender las obligaciones pendientes y completar los trámites necesarios para el cierre.
También se conformará un Comité de Liquidación integrado por personal de la institución, encargado de realizar el inventario, organizar los archivos, liquidar bienes y transferir recursos, contratos y obligaciones, con acompañamiento de representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
El presupuesto asignado a la UTE durante el ejercicio fiscal 2026 será utilizado para atender las obligaciones pendientes y financiar el proceso de liquidación.
