Asamblea aprueba reformas para que la DGEHM asuma la regulación del sector eléctrico
La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, reformas a la Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) y a la Ley de Creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), con el propósito de reorganizar el sector energético y eliminar la duplicidad de funciones entre ambas instituciones.
Con las modificaciones, la DGEHM asumirá las competencias relacionadas con el sector eléctrico que actualmente desempeña la SIGET, consolidándose como la entidad encargada de regular, supervisar e implementar las políticas públicas en materia de energía.
El decreto establece que la transferencia de funciones se desarrollará en un plazo de seis meses y será coordinada por una comisión especial responsable del traslado de expedientes, registros, bienes y demás información necesaria para garantizar la continuidad de los servicios. Asimismo, el personal de la Gerencia de Electricidad de la SIGET podrá ser trasladado a la DGEHM, de acuerdo con las necesidades institucionales.
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, creada hace cinco años, ya tiene a su cargo la formulación y ejecución de políticas para los sectores de energía, hidrocarburos y minas. Con esta reforma también será la autoridad competente para aplicar y hacer cumplir la legislación relacionada con el sector eléctrico.
Entre las leyes que pasarán a estar bajo su responsabilidad se encuentran la Ley General de Electricidad, la Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET), la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables, la Ley Reguladora para el Otorgamiento de Concesiones de Proyectos de Generación Eléctrica en Pequeña Escala, la Ley de Creación del Ente Nacional de Transmisión Eléctrica y otras disposiciones vinculadas con el sector.
Como parte de la reorganización, la SIGET cambiará su denominación a Superintendencia General de Telecomunicaciones, institución que concentrará sus funciones exclusivamente en la regulación de las telecomunicaciones.
