La Defensoría del Consumidor reafirma su compromiso con la población salvadoreña mediante acciones contundentes de vigilancia y protección de los derechos de los consumidores. Durante el primer semestre de 2025, la institución ha desarrollado 2,396 verificaciones en todo el territorio nacional, con un enfoque en precios, normativa técnica y cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, informó que producto de estas inspecciones se registraron 125 actas por incumplimientos relacionados con productos vencidos. Como resultado, se identificaron 1,452 productos caducados, principalmente en áreas de cocina, que representan el 69 % de los casos. Estos productos fueron retirados del mercado mediante medidas cautelares, para su posterior destrucción, protegiendo así la salud y seguridad de la ciudadanía.
Además de la vigilancia en productos y servicios, la institución ha intensificado su atención al consumidor, logrando asistir a más de 60,000 personas en el primer semestre del año. Entre estas gestiones, se incluyen más de 47,000 asesorías brindadas y más de 12,000 denuncias recibidas, lo cual demuestra una alta demanda de los salvadoreños por ejercer sus derechos como consumidores.
Los sectores que más reclamaciones registran son los servicios financieros, con un 42 % del total de atenciones —equivalente a 25,000 gestiones—, seguidos por servicios en general con un 23 % (14,000 atenciones), y luego servicios de telecomunicaciones, electricidad y vehículos.
Uno de los logros más destacados en este período ha sido la recuperación económica a favor de la población consumidora. La institución ha logrado restituir un monto récord de US$15.3 millones a través de procesos de conciliación, intervención directa y acciones legales, beneficiando a más de 8,800 consumidores en todo el país.
Estos resultados reflejan la efectividad del trabajo preventivo y correctivo de la Defensoría del Consumidor, consolidándola como una entidad clave en la protección de los derechos económicos de la población y en la construcción de un mercado más justo y transparente.
