La Defensoría del Consumidor (DC) ha intensificado las investigaciones administrativas a lo largo de toda la cadena de suministro de alimentos, tras detectar indicios de incrementos injustificados en los precios de productos esenciales de la canasta básica.
Como parte de las acciones, la institución exigió a treinta y tres empresas entre importadoras, fabricantes, distribuidoras y comercializadoras que proporcionen información detallada sobre inventarios, importaciones, compras locales, ventas y precios al consumidor de productos como café, leche, cereales, huevos, granos básicos, carne de pollo y harinas.
Este requerimiento tiene como objetivo reforzar la verificación de precios y prevenir abusos, especialmente tras el reciente aumento del 12 % al salario mínimo, explicó el presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar, quien señaló que se busca proteger el poder adquisitivo de los salvadoreños y evitar prácticas especulativas.
Salazar advirtió que la negativa a entregar información o hacerlo de forma incompleta e inexacta constituye una infracción sancionada con multas de hasta 500 salarios mínimos, según lo establece la Ley de Protección al Consumidor (LPC).
En este marco, la Defensoría denunció ante el Tribunal Sancionador a veinticinco empresas por incumplimiento de sus obligaciones legales durante el proceso investigativo, al negarse a entregar la información solicitada.
Las compañías denunciadas incluyen productores, importadores y comercializadores de alimentos como fórmulas infantiles, leche en polvo, cereales, avena, carnes y granos básicos. El Gobierno ha reiterado que actuará con firmeza ante cualquier abuso, sin descartar acciones penales que puedan surgir del proceso administrativo.
